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Diputada presentó propuesta para expedir el Código Procesal de Control Constitucional de la CDMX

Para expedir el Código Procesal de Control Constitucional de la CDMX, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó propuesta.

La diputada del Grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Yuriri Ayala Zúñiga, presentó una iniciativa por la que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México que dará las herramientas para el funcionamiento de la Sala Constitucional del Poder Judicial de esta Ciudad instalada en diciembre de 2019.

La legisladora recordó que el Congreso Constituyente contempló la creación de esta Sala para que sea el máximo intérprete de los derechos, principios y reglas que contempla la Constitución de la Ciudad de México y cuyo objetivo principal es la protección del orden jurídico constitucional local, además de establecer como instancias integrantes a los Juzgados de Tutela efectiva en materia de derechos humanos.

La diputada Ayala Zúñiga advirtió que el Congreso capitalino tiene la obligación de reglamentar los medios de control constitucional con el objetivo de establecer las reglas procesales para que tanto la sala constitucional como los jueces de tutela de derechos humanos cuenten con los elementos objetivos suficientes para resolver las controversias que se les presenten.

El reto, dijo, se encuentra en la construcción de un modelo de justicia constitucional local que sea realmente eficaz para brindar un acceso real y efectivo a la justicia tanto para las instituciones a nivel local como para las personas que habitan esta Ciudad.

La diputada Ayala Zúñiga consideró que el ofrecer un adecuado funcionamiento para la justicia constitucional local, brindará una efectiva protección del orden constitucional y de los derechos fundamentales reconocidos a nivel local, lo cual cumplirá con la protección judicial que reconoce el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La iniciativa que contó con el apoyo de todo el Grupo Parlamentario de Morena fue enviada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

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