Gestan extinción de salas anticorrupción; castigarían a empresas privadas por abusos

Creadas durante la pasada administración, fuerzas políticas nunca nombraron a los magistrados

El Senado se alista a desaparecer las llamadas salas anticorrupción creadas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero, al mismo tiempo agudiza el combate contra la corrupción ejercida por las empresas privadas, ya que se considerará sancionar incluso a los familiares hasta en cuarto grado de los dueños y socios de una empresa.

Basada en una iniciativa presentada en 2018 por la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la reforma desaparece las cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas que estaban destinadas a resolver faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes.

Las llamadas salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) jamás pudieron operar porque nunca hubo consenso de las fuerzas políticas para el nombramiento de los magistrados, y en 2018-2019, la mayoría de Morena en el Senado rechazó las propuestas que dejó el gobierno de Peña Nieto.

Hasta el momento no se han integrado esas salas que tenían facultades para imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.

Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios, dice la ley actualmente.

La Comisión de Justicia del Senado, encabezada por el morenista Julio Menchaca, está citada hoy para procesar esta reforma que establece que estas facultades pasarán a la Tercera Sala del Tribunal, pero, además, intensifica los criterios para perseguir los actos de corrupción cometidos por particulares.

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