Celebran prohibición de castigo corporal contra menores
‘La reforma realizada por la Cámara de Diputados no prohíbe que las personas adultas eduquen y orienten a sus hijas e hijos, lo que se prohíbe es que se haga con violencia’
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se congratuló por la aprobación en la Cámara de Diputados de la prohibición del castigo corporal y humillante contra niñez y adolescencia en el país.
“La reforma realizada por la Cámara de Diputados a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y el Código Civil Federal, no prohíbe que las personas adultas eduquen y orienten a sus hijas e hijos, lo que se prohíbe es que se haga con violencia”, indicó.
El órgano de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó que con esta modificación se da un mensaje a la sociedad y a los sectores público, privado y social sobre la importancia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en quienes se deposita el presente, futuro y la consolidación de la democracia.
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En este sentido, hizo un llamado a las instituciones públicas para trabajar en mecanismos que impulsen el cumplimiento de esta reforma legal, y a los estados para que se armonice su legislación local en favor de niñas, niños y adolescentes en el país.
“Al día de hoy, la legislación civil y familiar de 19 entidades federativas prevén textualmente la prohibición de maltratar, infligir daño, evitar los castigos crueles e innecesarios, la violencia física o psicológica a las niñas, niños o adolescentes que se encuentren bajo patria potestad, o castigo corporal apelando a la facultad de corregir, orientar, educar o formarlos. Los mismos, se encuentran armonizados con el Código Civil Federal.
Mientras que en 13 entidades federativas no señalan expresamente la prohibición del castigo corporal o maltratar a niñas, niños y adolescentes apelando a la facultad de corregir, orientar, educar o formarlos”, subrayó.
Agregó que en 27 estados entidades federativas, establecen en suslegislaciones estatales, como obligación por parte de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, evitar o abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral.